Señor:

Al recibir del Congreso el difícil encargo de concurrir a formar el proyecto de Constitución, no pensaba yo que había de llegar a verme en la penosa situación en que me encuentro, precisado a dar cuenta con mi opinión individual, desgraciadamente para mí, en discordancia con la de la respetable mayoría de la comisión.  Esperaba, por el contrario, que unidos todos en principios, respecto de la obra que se nos había encomendado, nos entenderíamos perfectamente, y que después de discutir más bien la forma y los pormenores, que los puntos cardinales, habríamos de presentar al Congreso un dictamen, que corregido por su sabiduría llenara el objeto principal con que se determinó reunirle.  La conservación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales y filosóficos que corresponden a nuestro siglo, el desarrollo rápido y seguro de la democracia, están y han estado siempre unánimemente admitidos en el Congreso.  Porque el imperio de las circunstancias, los tristes resultados de nuestras pasadas discordias, la variedad de opiniones, inevitable en materias a la vez tan difíciles como importantes, no han alcanzado a establecer otras diferencias que las relativas a los mejores medios de hacer triunfar aquellos principios y las que consisten en algunas cuestiones de orden secundario y aun transitorio.

Mis esperanzas, sin embargo, no han llegado a realizarse: nuestra división, a la que dieron motivo algunos incidentes extraños al objeto de mi dictamen, vino a ser inevitable, y ha debido colocarme en la desventajosa posición de fiar a mis solos esfuerzos el patrocinio de una opinión delicada por materia sobre que versa, y mucho más delicada por razón de las circunstancias.

Pero precisamente por ellas es a mi juicio, señor, en extremo conveniente que cuanto antes se fije de una manera definitiva la organización política del país por medio del Código fundamental; no puede disputarse la conveniencia de adoptar con reformas el de 1824; están patentes los puntos de mejora que demandan la seguridad y progreso de nuestras instituciones; y para decretarlas hay en el patriotismo del Congreso y en la verdadera situación de los negocios públicos los elementos necesarios para cumplir dignamente nuestro encargo.  Mas en el estrechísimo plazo que se nos ha señalado, y distraído yo con el despacho de otras comisiones demasiado urgentes, apenas tendré lugar de indicar las razones en que me fundo. Consuélame el que mi deseo, más que de fundar un voto particular, es el de exponer mis convicciones sin pretensión alguna de que ellas sean aprobadas.

Que la situación actual de la República demanda con urgencia el establecimiento definitivo del orden constitucional, es una verdad que se palpa con solo contemplar esa misma situación. Comprometida una guerra, en la que México lucha nada menos que por su existencia; ocupada la mitad de su territorio por el enemigo, que tiene ya siete Estados en su poder: cuando acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima, y se halla seriamente amenazada aun la misma capital, ninguna cosa sería mejor que la existencia de alguna organización política, que evitando las dificultades interiores, dejase para llevar a cabo esa misma guerra, es preciso hacer que cuanto antes cese la complicación que la dificulta.  En la guerra todavía con más razón que en la paz, un pueblo no puede vivir y resistir, sino cuando cuenta con la acción de todos los elementos de su poder y siendo su organización política la sola que los combina, dirige y regulariza, no es posible que él se salve si se le mantiene bajo una organización enteramente viciosa.  No es culpa nuestra, sino un efecto de lo pasado, el que tan grande así sea la complicación de las circunstancias. La debilidad de lo que existe es patente, sin que haya porqué hacerse ilusiones. 

Nada hay sólido y organizado. Todo lo que tenemos es de ayer: fue obra de un movimiento, que por nacional que haya sido no pudo dar a las cosas la seguridad que producen el tiempo y el arreglo. El Gobierno federal acaba de organizarse, y todavía lucha con mil dificultades; con la violencia de todo estado de reacción, con la falta de sus medios de poder, con la inexperiencia de un orden casi nuevo, con el espíritu de recelo, tan propio de estos momentos, con la alarma de todos aquellos que viendo su suerte ligada con las instituciones, no saben si sus intereses serán sacrificados ó respetados.  Los Estados ensayan con desconfianza su poder; el centro ve que no es tan acatado como debería serlo; y la revolución acaba de apoderarse de la más hermosa de todas nuestras esperanzas, de la Guardia, que en un momento de vértigo ha dado un ejemplo que los amantes de las instituciones esperan no se repetirá más.  En resumen tenemos hoy al poder público abrumado con las dificultades de una guerra indispensable y con las de una organización en que todo es transitorio, en que ningún poder tiene la conciencia de su estabilidad, en que se notan tendencias de desunión muy alarmantes, en que se echan de menos ciertas condiciones de orden y todo esto cuando la guerra civil ha sido un hecho, cuando todavía es tal vez una amenaza.

A la vista, pues, de una situación tan peligrosa, yo he creído que todo estado provisorio, por el solo hecho de ser tal, no tendría la fuerza necesaria para dominar las circunstancias, y que el mejor de todos los remedios seria resolver de una vez el problema, tomar con mano firme la dirección de los negocios, adoptar las reformas que se reclaman, dotar a las instituciones de la fuerza que necesitan, y hacer entrar de luego á luego y con toda prontitud a la Nación en el sendero tranquilo de un orden constitucional, que no estando amenazado de un cambio, diera a todos los intereses sociales, orden, quietud, y seguridad.

Y en este juicio me confirmo tanto más, cuanto que veo que la revolución de agosto y la opinión pública nos han procedido en el señalamiento de los medios más adecuados para conseguir ese fin, porque en efecto, es necesario considerar que aquel movimiento no ha sido tan solemnemente acogido, sino porque él obró dos grandes bienes; puso término a un orden de cosas que conspiraba contra las formas republicanas, y devolvió a México las únicas instituciones con que la república y la libertad podían ser entre nosotros una realidad.   Así el restablecimiento de la federación, decretado simplemente como una organización provisoria, y sometido a la decisión de este congreso, se ha verificado y existe como un hecho consumado e inatacable.  Los antiguos Estados de la federación han vuelto a ejercer su soberanía, han recobrado el ejercicio pleno de ese derecho, según la expresa declaración de algunos y la manera de obrar de todos ellos; siendo evidente que nadie trata de contradecir ese hecho, y que nada sería hoy tan inútil como emprender demostrar la necesidad y conveniencia del sistema federal.  ¿Por qué, pues, no acabar de reconocer ese hecho, poniendo las instituciones federales a cubierto de los peligros que trae consigo su aparente estado de mera provisionalidad?  La manera de hacerlo me parece perfectamente indicada por la prensa, por las Legislaturas y por el considerable número de señores diputados que han pedido "el restablecimiento de la Constitución de 1824 con las reformas convenientes”.

La sola idea que de este propósito pudiera separarnos, el empeño de hacer una nueva Constitución federal, o de alterar sustancialmente aquella, es una idea halagadora, pero funesta, una tentación seductora al amor propio, pero cuyos peligros deben retraemos.  Desde 1835, en que sometida la República por la fuerza de una revolución, se cometió el crimen de destruir una Constitución sobre cuya legitimidad jamás se ha cuestionado, y que tenía la imponderable ventaja de ser la primera y haber durado once años; cuantos han querido construir sobre las ruinas de aquel, otro edificio, han recibido el más triste desengaño.  La discusión de leyes fundamentales, hecho fecundísimo en peligros, ha venido a ser nuestro estado normal. Todos los que tuvieron la ilusión de creer que iban a fijar la cuestión por medio de sus respectivos sistemas, han visto a muy poco tiempo sus obras arrancadas de cimiento por el torrente de las revoluciones.  Antes que ésta, y sin contar con que los Congresos constitucionales han estado sin cesar ocupados en la discusión de las reformas, en solo doce años se han reunido cuatro asambleas constituyentes, sin adelantar un solo paso en el camino de nuestra reorganización, y para venir a colocarnos al cabo de este tiempo en la misma situación que guardábamos en 1835, con más, los tristes frutos de ese desorden, con el territorio desmembrado, la guerra civil convertida en hábito, la sociedad disolviéndose por la corrupción.

¿No es ésta una lección viva á indeleble del respeto con que deben mirarse las instituciones primordiales de un pueblo? ¿Si cediésemos hoy a la tentación de formar un Código nuevo para presentar en él bajo su aspecto literario y científico ventajas que son bien fáciles sobre la Constitución de 1824, quién nos asegurara que esta obra, hija de nuestras tristes circunstancias, publicada en medio de las discordias civiles y expuesta al juicio de tantas opiniones, al embate de tantos intereses, pudiera hacerse superior a ese hábito de desprecio, de movilidad y de destrucción que nada respeta?  ¿Qué esperanzas podríamos tener de que no pasara al olvido, como las anteriores, después de un reinado corto y tempestuoso, en el cual si se popularizarían sus principios ni se harían sentir las ventajas prácticas de su aplicación? La primera condición de vida de las leyes fundamentales, después de su conveniencia, es el amor y la veneración del pueblo.

Y esta condición no le viene de su perfección científica y literaria, porque hay pocos jueces de ella, y estos mismos se dividen en materia tan controvertible, sino de los recuerdos que excitan, de las opiniones que sobre ellas se trasmiten de padres a hijos.  Bajo este aspecto, la antigüedad es por sí sola una recomendación; y el mejor Código que hoy se redactara por nosotros, no podría competir en aquellas ventajas con el de 1824, superior a todos en respeto y legitimidad.  En la época de su formación nadie contestó los poderes de los diputados electos en medio de una paz profunda: todos los Estados concurrieron a aquella solemne convención, y ella se verificó en medio también de las emociones de un pueblo que acababa de conquistar su independencia, y que se entregaba a las ilusiones del más venturoso porvenir: la Nación entera la recibió como el precio de sus sacrificios pasados, como el emblema de sus esperanzas futuras; y le conservó un tal amor, que fueron necesarios el engaño y la opresión para arrebatarla de sus manos, que nunca han dejado de combatir por ella.  Por otra parte, el recuerdo de esa Constitución está unido al del establecimiento de la República y del sistema representativo, que ella misma afianzó; al de las libertades locales, tan queridas de la Nación; al de nuestra respetabilidad exterior, que permaneció inviolable durante su reinado; al de los únicos días pacíficos y venturosos de que hasta hoy hemos disfrutado.  El menos detenido examen de nuestras circunstancias actuales, debe convencernos de que nos hallamos muy lejos de poder contar con tan favorables auspicios: debe persuadirnos a que nada será hoy tan patriótico como el colocar las leyes fundamentales de la República bajo el amparo de todos esos prestigios.

Para conocer toda la importancia de esta observación, es necesario recordar que los pueblos se gobiernan por los hábitos y las creencias, por la imaginación y las costumbres. Bajo el aspecto de una combinación hábil y de una exposición brillante -servirán siempre de admirables modelos las Constituciones de la Francia revolucionaria: allí los principios están expresados con energía y concisión, las ideas desarrolladas en todos sus pormenores, las combinaciones más profundas e ingeniosas seguidas con maestría; y sin embargo, pasaron las unas después de las otras sin apoderarse de la sociedad, mientras que a pesar de su desfavorable origen, la Constitución de 1815 ha durado treinta años, solo porque ella vino a aparecer como la transacción entre el antiguo y el nuevo estado; solo porque hacia servir los prestigios de lo pasado a la realización de las esperanzas del porvenir.  El ejemplo de la Inglaterra es todavía más palpable. Aquella nación, que fue la cuna de las instituciones representativas, conserva desde ha dos siglos su Constitución diseminada en multitud de leyes, muchas de ellas oscuras y mal redactadas; y sin embargo, es tal el amor de todos los ciudadanos ingleses hacia sus instituciones, que las reformas se promueven solo acerca de los puntos especiales que demandan mejora, y que si se anunciara el proyecto de reducir aquellos primitivos establecimientos a un Código tan perfecto, como podría fácilmente hacerlo esa nación tan sabia, todos los partidos se unirían contra el funesto promovedor de la perfección.  La misma Constitución de los Estados Unidos dista mucho de ser una obra acabada: ella se refiere en gran parte a las costumbres sociales de aquel pueblo, y precisamente porque está en perfecta consonancia con ellas ha presidido la marcha más admirable que se registra en la historia antigua y en la moderna.  De aquí se sigue que un legislador inteligente preferirá siempre una Constitución en que el pueblo vea simbolizadas su gloria, su nacionalidad y sus libertades, aunque ella no sea perfecta, a otra que lo sea, pero sin recuerdos y sin prestigios.

Finalmente, y para expresar con lealtad al Congreso los motivos que me han decidido a favor de la subsistencia de la Constitución de 1824, diré, que considero como inapreciable la ventaja de su legitimidad, que a algunos otros parece poco importante.  Ya expresé antes que el resultado producido por la destrucción de nuestro pacto primitivo, fue el de proclamar que la sociedad estaba inconstituida, y abandonarla así a la turbulenta lucha de todos los que creen poseer el secreto de fijar sobre diversas bases su estable organización.  Y para terminar este movimiento funesto, ¿cuál medio habría mejor que el de volver al punto de partida, reconocer que la Nación ha estado y está constituida, desaprobar los resultados de un crimen en el que apareceríamos igualmente complicados adoptando sus consecuencias, anunciar solemnemente en favor de la unión, que en México no hay otros derechos que los creados por la Constitución de 1824, y exigir de todos el cumplimiento de las obligaciones correlativas?  Sólo así podremos decir que hemos vuelto su respetabilidad a las leyes, y esta especie de abdicación de la omnipotencia del poder constituyente ante la legitimidad de nuestro pacto primitivo, sería un ejemplo tan útil para la República como honroso para el congreso.

Insisto, pues, en la opinión que ya otras veces he manifestado, de que nosotros mismos debemos limitar nuestros poderes y nuestra tarea á solo hacer en la Constitución de 1824 las reformas que demanda su propia estabilidad; y esto por razones que están al alcance de todos, y son a mi modo de ver incontestables.

La necesidad de reformar la Constitución de 1824 ha sido tan generalmente reconocida como su legitimidad y su conveniencia. En ella han estado siempre de acuerdo todos los hombres ilustrados de la República, y han corroborado la fuerza de los mejores raciocinios con la irresistible evidencia de los hechos.  ¿Quién al recordar que bajo esa Constitución comenzaron nuestra discordias civiles, y que ella fue tan impotente contra el desorden, que en vez de dominarlo y dirigir la sociedad, tuvo que sucumbir ante él, podrá dudar que ella misma contenía dentro de sí las causas de su debilidad y los elementos de disolución que minaban su existencia?  Y si pues esto es así, como lo es en realidad, ¿será un bien para nuestro país el levantarla sin más fuerza no más vigor que antes tenía, para que vuelva a ser una mera ilusión su nombre?  ¿No sería decretar la ruina del sistema federal restablecerlo bajo las mismas condiciones con que la experiencia ha demostrado que no puede subsistir, y precisamente hoy que existen circunstancias mucho más desfavorables que aquellas que bastaron para destruirlo?  Ni la situación de la República puede ya sufrir por más tiempo un estado incierto y provisional: la gravedad de sus males, la fuerza con que los acontecimientos se precipitan, demandan pronto y eficaz remedio; y pues que él consiste en el establecimiento del orden constitucional, no menos que en la conveniencia y solidez de la manera con que se fije, parece fuera de duda que es de todo punto necesario proceder sin dilación a las reformas.

En días mucho menos desgraciados ellas fueron el voto constante de la Nación, expresado por todos los medios legítimos de que ella puede valerse, para enunciar su voluntad.  Jamás desde 1834 hasta la fecha, se ha proclamado la restauración del sistema federal sin pedir como una necesaria condición para dar firmeza al principio federativo y regularizar sus consecuencias, las importantes reformas en la antigua constitución. Nadie ha promovido que ella vuelva a regir en el país y que se conserve intacta contra las indicaciones de la experiencia.  Sobre este punto entiendo por lo mismo que obra en toda su fuerza la plenitud de nuestros poderes: y así, desentendiéndome de refutar una opinión que no tiene partidarios, voy a manifestar al Congreso cuáles sean a mi modo de ver las modificaciones indispensables y más urgentes que exige nuestra situación, y cuál el medio mejor de facilitar otras nuevas para después, hasta llegar a aquel grado de perfección que las circunstancias no nos permiten emprender, pero cuya consecución se nos deberá igualmente si sabemos prepárala desde ahora con la previsión, con la prudencia y con el tino que deben distinguirá los legisladores de las naciones.  Por lo demás, el tiempo no me permite ser largo: me propongo no pasar, sobre cada punto, de simples indicaciones, y cuanto voy a decir acerca de las reformas propuestas, probará que ellas no pueden ser diferidas, ni para otra época ni para otro Congreso, sea cual fuere su proximidad.

Desde 1832 comenzó a observarse que la Constitución federal debía arreglar el ejercicio de los derechos del ciudadano, y yo he creído que esta debe ser la primera de las reformas, persuadido como lo estoy de que en este punto es en el que se caracteriza y asegura el principio de la forma de los gobiernos, según que se extienden o se limitan esos derechos.  Por eso se ha dicho con razón, que "en los Estados populares las leyes que establecen el derecho de sufragio son fundamentales y tan importantes como las que en las monarquías establecen cuál es el monarca"; y la Constitución no debe dejar nunca a las leyes secundarias el poder de destruirlas.  El medio copiado de las instituciones del Norte, y adoptado por las nuestras de 824, de dejar ese arreglo a cada uno de los Estados, me parece peligroso y poco consecuente; peligroso porque así se abandona por el poder federal a otros poderes extraños un objeto tan esencial como la forma misma del gobierno, y se expone a la República a una irregularidad muy temible, y de la cual solo sus costumbres han podido preservar a los americanos; y poco consecuentes en razón de que (y esto es lo principal) el sistema federal en su último estado de perfección, y como nosotros quisimos adoptarlo, no es como lo fue antiguamente, una simple sociedad de sociedades, sino que por el más admirable mecanismo político, los ciudadanos de un Estado que entre sí forman una sociedad perfecta para los negocios de su administración interior, reunidos con los de los otros Estados, forman por sí y sin el intermedio de sus poderes locales otra Nación no menos perfecta, cuyo gobierno es el general; de donde resulta que la acción del ciudadano sobre el gobierno y la del gobierno sobre el ciudadano, en todo lo relativo a la Unión, se ejerce directamente sin ninguna intervención del poder de los Estados.  Este principio, prodigioso adelanto de la ciencia social, se observa comparando el mecanismo de la Constitución americana con el de las débiles confederaciones de la antigüedad que sucumbieron tal vez por este vicio, y dominaba seguramente el pensamiento de los autores de aquella, cuando promulgaban la Constitución en nombre del pueblo de los Estados Unidos.  Pues bien, una vez establecida esa verdad, demostrado que el gobierno de la Unión es bajo cierto aspecto un gobierno verdaderamente nacional, y caracterizado por su forma con la denominación de republicano representativo popular, es preciso convenir en que a él y solo a él toca conservar este carácter y regularizar su propia organización por medio de la ley fundamental.

La regla adoptada sobre este punto, verá el Congreso que no podía ser más liberal. Concediendo el de ciudadanía a todo mexicano que haya cumplido la edad de veinte años, que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante y que tenga modo honesto de vivir, se establece y asegura en todos los Estados de la Unión el principio democrático de la manera más franca que pudiera desearse.  La idea de exigir cierta renta, como necesaria para gozar de los derechos de ciudadano, idea recomendada por algunos escritores de acreditado liberalismo, y adoptada también en algunas de nuestras leyes constitucionales, no me parece conveniente porque nunca puede darse una razón que justifique más bien una cuota que otra; y principalmente, porque estimado esa cuota como una garantía de moralidad y de independencia para que fuera justa sería necesario variarla, respecto de las diversas profesiones y de las diferentes localidades de la República, lo cual sería tan embarazoso que se haría imposible.   Por lo demás para que este derecho tenga la importancia debida y su ejercicio sea la base fundamental del orden público, se hace indispensable que una ley secundaria arregle la forma en que debe acreditarse, ejercerse y suspenderse.

A mi juicio, en la Constitución después de fijar la base, solo deben determinarse las prerrogativas inherentes a esa cualidad; y el artículo 2º que yo propongo establece que el derecho de ciudadanía trae consigo el de votar en las elecciones populares, el de ejercer el de petición, el de reunirse para discutir los negocios públicos, y finalmente el de pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.  De estas tres últimas prerrogativas no se había hecho mención en ninguna de nuestras anteriores Constituciones, y sin embargo, son de la mayor importancia.  Si toda la teoría de la democracia representativa se redujera a llamar al pueblo un día para que eligiera sus mandatarios y les abandonara después la dirección de los negocios, seria cierto, como algunos escritores pretenden, que el sistema representativo no había podido reemplazar a las antiguas formas; mientras que dejando al pueblo la constante participación y dirección de los negocios públicos por los medios pacíficos de la discusión, se coloca a los representantes bajo el influjo de sus propios comitentes, a los negocios bajo el poder de la opinión pública; y de esta manera la acción tranquila y razonada del pueblo sustituye con mil ventajas al embate de las pasiones de la multitud, engañada en el foro por las intrigas de la ambición o por la fascinadora elocuencia de los tribunos.  Aun bajo los gobiernos monárquicos, donde el elemento democrático está sujeto a mil trabas y subordinado a otros adversos poderes, se admira cómo la mayoría, ayudada de estos resortes poderosos, llega a tomar la dirección de los negocios y avanza todos los días en grandeza y en poder. Estos medios son de esencia en el sistema representativo. La Guardia Nacional es la garantía más sólida de las repúblicas, y esta garantía debe también estar consignada en el Código fundamental.

El congreso llamado a establecer estos principios, que por sí solos importan un inmenso adelanto, no puede prescindir de ellos porque los primeros ensayos sean naturalmente débiles e imperfectos. Esta es la marcha natural de todas las cosas humanas.  Nada importa que el derecho de petición comience a ejercerse en el sentido de las pasiones de nuestra época, que las primeras reuniones de gobierno, hay una fuerza prodigiosa de adelanto; que una vez se sustraigan los negocios públicos del campo de los motines, para llevarlos al de las instituciones democráticas, estas llegarán a sobreponerse; y más, cuando es verdad que en nuestro país no encuentran esos obstáculos que en otras partes han hecho necesarios violentos trastornos y revoluciones sangrientas.  Pintar los defectos del ensayo para hacer odiosa la institución, es el sofisma de los encubiertos enemigos de la libertad; pero la historia confunde este sofisma. "El mismo pueblo romano, dice un escritor profundo, este modelo de todos los pueblos libres, no se encontró capaz de gobernarse cuando salió de la opresión de los Tarquinos.  Envilecido por la esclavitud y por los trabajos ignominiosos que le habían impuesto, no fue al principio más que un populacho estúpido, que era necesario lisonjear y gobernar con la mayor sabiduría para que acostumbrándose poco a poco a respirar el aire saludable de la libertad, estas almas enervadas o más bien embrutecidas bajo la tiranía, adquirieran gradualmente aquella severidad de costumbres y aquel noble é indomable orgullo que lo hicieron, en fin, el más respetable de todos los pueblos."

En las más de las constituciones conocidas, no solo se fijan los principios relativos a la organización de los poderes públicos, sino que se establecen las bases de las garantías individuales, probablemente porque la condición, social de los asociados es el objeto primordial de las instituciones, y uno de los caracteres más señalados de la verdadera naturaleza de los gobiernos: y sin embargo de que estas garantías, en la realidad de las cosas, dependen de las disposiciones particulares de los Estados, nuestra Constitución federal declaró que la Nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del ciudadano; y a imitación del Código de los Estados Unidos, en varios de sus artículos se encuentran disposiciones verdaderamente filosóficas dirigidas al mismo fin.  Yo no he hallado todavía una razón sólida contra este medio de poner las garantías del hombre bajo la égida del poder general, y no son pocas las que han debido decidirse a su favor. En este punto la generalidad de las declaraciones constitucionales no presenta ningún inconveniente, porque los principios dictados por la razón son los mismos en todos los países y bajo todos los climas.  Pero sin ellas, ¿cómo podría el gobierno general proteger esos derechos, ni afianzar en los Estados todos la realidad de las instituciones democráticas, cómo hacer efectivos los principios de libertad? Es, por otra parte, incontestable que en el estado actual de nuestra civilización no se podría dejar tan interesante arreglo a la absoluta discreción de los Estados.  De consiguiente entiendo que la Constitución actual debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de tal manera estables, que ninguno de los hombres que habiten en cualquiera parte del territorio de la República, sin distinción de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar sobre este punto las mejores leyes de la tierra.

Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando a una ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos.  Porque los señores Diputados habrán observado ya en esta materia que aun reduciéndose a los principios fundamentales, es necesario darles una extensión poco conveniente a los límites y al carácter, por decirlo así, elemental de la constitución: y sin un poder ha de proclamar el principio en su vaga y abstracta generalidad, y otro ha de señalar los pormenores de que depende su realidad, aquel nada habrá hecho.  Para conocer en esta materia la insuficiencia de los principios generales, basta escoger como al acaso, cualquier punto: sea por ejemplo la seguridad: todas nuestras constituciones establecen un cierto plazo entre la detención y la formal prisión, previniendo que en él se tome al acusado su declaración; y todas, olvidando el caso de la aprehensión del reo verificada en un lugar distinto del de su juez, han dejado una excepción en la cual la infracción de la ley viene a ser inevitable: lo mismo puede observarse respecto de la propiedad: las más amplias declaraciones no han bastado para hacer cesar el sistema de los préstamos forzosos y la ocupación de los bagajes, que no son más que atentados contra la propiedad.  Una ley más extensa, que fije exactamente los principios, que reconozca las excepciones, y sobre todo, que establezca los medios de hacerlas efectivas, en el único medio que podrá llenar necesidad tan importante.  En la constitución solo propongo que se anuncie el principio general, que se declare su inviolabilidad y se fije el único caso en que puedan suspenderse las garantías, no todas, sino solo las respectivas a la detención de los acusados y al cateo de las habitaciones.  Si viniendo tiempos más tranquilos el Congreso pudiese ocuparse en la formación de esa ley, semejante trabajo, por sí solo, elevaría a su memoria un monumento de muy grato recuerdo.

Pasando de estas dos materias a la organización de los Poderes Federales, objeto principal de la Constitución, se presenta luego el Legislativo ejercido por un Congreso compuesto de dos Cámaras. Popular y numerosa la una, representa la población y expresa el principio democrático en toda su energía.  Más reducida y más lenta la otra, tiene un doble carácter muy difícil, pues que representa a la vez a los cuerpos políticos considerados como iguales, y viene a llenar la urgente necesidad que tiene toda organización social de un cuerpo, depósito de sabiduría y de prudencia, que modere el ímpetu de la democracia irreflexiva, y en el incesante cambio personal de las instituciones populares, por decirlo así, de una política nacional.  En este punto extraño más que en otro alguno la posibilidad de combinar con calma mis ideas, y de exponer al Congreso con detenimiento las razones de la reforma que le propongo.

Respecto de la Cámara popular, asentado como un principio que debe representará los individuos, no quedan más que tres objetos de reforma, su número, las condiciones de elegibilidad y la forma de la elección.

Sobre lo primero, la constitución de 1824, fijando la base de un diputado por cada ochenta mil habitantes, estableció la Cámara popular menos numerosa que hemos tenido; y en esto debe reformarse.  La Cámara de Diputados tiene en los mejores países constitucionales un crecido número de individuos, porque solo así expresa el elemento democrático, reúne gran cantidad de luces, representa todos los intereses, todas las opiniones, y no queda expuesta a que sobreponiéndose algunos pocos, el arbitrio de la minoría pueda gobernarla sin dificultad.  Una Cámara electa sobre la misma base, que lo ha sido el actual Congreso, aun en un país donde los negocios no fueran los menos importantes para cada particular, donde las funciones públicas no se vieran con poco aprecio, apenas podría reunir el número de cien representantes, dando así por resultado que la ley pudiese llegar a tener solo cincuenta y un votos en la representación democrática. 

En orden a las condiciones de elegibilidad, mi opinión es muy franca: las estimo como un tristísimo medio de acierto: creo que la suprema condición es obtener la confianza del pueblo, y que en esta materia no puede haber garantías más que en la organización del electorado.  En efecto, que se pongan todas las condiciones de elegibilidad que se quieran, que se exija una edad madura, una profesión respetable, una renta cómoda, la vecindad o el nacimiento en determinado lugar. ¿Por ventura, todos los que reúnen estas cualidades serán buenos para Diputados? Y ¿los pueblos habrán de elegirles porque las tienen?  No; un publicista distinguido observa que "las elecciones recaen en determinadas personas precisamente, porque tienen cualidades que faltan a la mayor parte de los que reúnen las legales": y la experiencia nos enseña, que mientras la ley habla de la edad, de la renta y de la vecindad, el lector busca la opinión que él cree patriótica, los intereses que estima como nacionales, y la aptitud más conveniente para hacer triunfar esas mismas opiniones y esos mismos intereses: la ley no pasa a las costumbres ni influye en los hechos; en una palabra, es inútil. 

Ella tampoco puede evitar que personas poco dignas entren al santuario de las leyes, porque las condiciones que exige no serán nunca más que una probabilidad y probabilidad remota de ciertas cualidades; y cuando el cuerpo electoral extraviado quiere hacer una mala elección, todas esas condiciones serán impotentes, porque siempre habrá individuos que tengan los requisitos que la ley establece como medio sin tener las cualidades que ella busca; con esto hay para una mala elección.   ¿Quién no conoce que se pueden encontrar demagogos frenéticos con todos los requisitos de elegibilidad los más severos, así como hombres de orden entre la juventud entusiasta y sin recursos?  En Roma, los tribunos del pueblo fueron patricios, y en la Convención, la más alta nobleza concurrió a destruir la monarquía y a hacer morir al rey. Hay todavía más; así como existen entre los que la ley admite algunos que nos son dignos del sufragio, se encuentran en los excluidos quienes sean sobrado merecedores de él; de lo que resulta, o hace infringir la ley aprobando elecciones nulas: de esto han dado el ejemplo la mayor parte, si no es que todas nuestras Cámaras; y en Inglaterra se sabe que Pítt y Fox no entraron al parlamento sino al favor de una suposición engañosa que burlaba la ley. Lo mejor es, pues, que nos separemos de la rutina y reconozcamos la verdad. Después hablaré del arreglo del poder electoral.

Pasando a tratar de la organización del Senado, ningún hombre medianamente instruido en estas materias ignora que este es el punto más difícil y al mismo tiempo el más importante de las constituciones republicanas.  "Cada día debemos convencemos más, dice uno de los años ilustres pensadores de nuestro siglo, de que los antiguos comprendían infinitamente mejor que nosotros la libertad y las condiciones de los gobiernos libres... Sobre todo, ellos confiaban el culto sagrado de la patria, el sacerdocio de la libertad, el espíritu de vida y de duración, la guardia de las tradiciones, de la gloria y de la fortuna de la Nación, la constante previsión del porvenir, a un Senado en el cual se esforzaban por concentrar todo lo que hay de bueno y de grande en las aristocracias, rehusando al mismo tiempo cuanto hay en ellas de vicioso."  Villemain, analizando la Constitución romana, atribuye toda la gloria y la libertad de la primera República de los tiempos antiguos a la organización del Senado, que reuniendo todos los hombres eminentes, gobernó por siglos los negocios con alta sabiduría. En los Estados Unidos, observa el autor de la Democracia en América, que "el senado reúne los hombres más distinguidos, asegurando que todas las palabras que salen de aquel cuerpo harían honor a los más grandes debates parlamentarios de la Europa".

En nuestro país, la necesidad de un cuerpo semejante se ha hecho sentir de tal manera, que en la organización del Senado es precisamente en lo que más se han diferenciado nuestros ensayos constitucionales, y sobre lo cual se han presentado mayor número de proyectos, siempre que se ha tratado de las reformas; gozando últimamente no poco ni despreciable favor la idea de llamar allí a la clase propietaria.  ¿Pero esta idea es en efecto justa?  Permítaseme, señor, decir que no, para que busquemos por otros medios esa institución que tan imperiosamente necesitamos.  Me parece que en una República, la representación de ciertas clases que no tienen privilegios políticos, carece del fundamento con que subsiste en otras instituciones, y sacrifica a una sola condición, a la de cierto amor al orden, todas las otras condiciones eminentes de sabiduría y patriotismo que se requieren en el cuerpo conservador.  Sin que sean propietarios, en un país donde la carrera política no produce a la probidad más que desgracias, y tal vez miseria, si la constitución llama al senado a los hombres más capaces y ameritados, ellos prestarán al orden público, a la estabilidad de las leyes y al respeto de los intereses legales de las minorías, que es preciso no exterminar ni herir, sino hacer obrar en el sentido del bien general, aquellas garantías que se buscan con el llamamiento de ciertas clases y reunirán además el ardiente amor a la patria, el culto de la libertad y la ciencia de los negocios, que no dan los simples bienes de fortuna y que son absolutamente indispensables en aquel elevado puesto, quedando también abierta a la clase propietaria, y más fácilmente que a ninguna de las otras esta carrera de honor, si reúne esas mismas condiciones, sin las cuales ningún derecho puede tener al gobierno de su país.

Para apoyar esta opinión, ya que no me es dado exponer a la Cámara algunas observaciones sobre la influencia que la organización de la propiedad tiene en el orden político, pues que esto nos llevaría a las más abstractas y dilatadas teorías de la ciencia social, permítaseme observar que en la primera y más brillante de las aristocracia modernas, que es la Constitución inglesa, esta prerrogativa no ha sido posible, sino por cuanto a que la carrera pública ha sido la primera ocupación de la nobleza de la Gran Bretaña, porque ella ha dado constantemente para la administración, para el parlamento y para las armas los hombres más eminentes, y porque semejante al patriciado de Roma, siempre se ha apresurado a honrarse, admitiendo en su seno a todos los hombres grandes que se levantan del pueblo.  La idea de que a los propietarios, por solo serlo, se entregara la dirección de los negocios, no me parece ni justa, ni conveniente.  La sola aristocracia de las democracias es la aristocracia del saber, de la virtud, de los servicios: y si bien ésta no se improvisa ni puede encontrarse fácilmente en una Nación que combatida por las revoluciones ha visto a la inmoralidad corromperlo todo, tampoco las constituciones son obras de una sola generación; necesario es crear desde ahora lo que ha de existir un día.

Sin dejar de apreciar la dificultad que presenta esta reforma, yo entiendo, Señor, que conservando en el Senado íntegra la representación de los cuerpos confederados, el problema puede ser resuelto por medios sencillos, como lo son todos los de las instituciones mejor combinadas que conocemos. Si la duración de esta cámara es más larga que la de los otros cuerpos y las otras autoridades del Estado, con esto habremos conseguido que su acción sea la más permanente y regularizada.  Si además de su participación del Poder Legislativo, se extienden sus atribuciones a otros objetos igualmente interesantes, si se le deja, en parte de su totalidad, de cuerpo consultivo, para que esté siempre al alcance de los grandes negocios de la política interior y exterior, se le hará también el poder de mayor influencia.  Si se le renueva parcialmente, dejando siempre una mayoría considerable, ninguna dificultad tendrá en conservar una política nacional. Si se exige para pertenecer a él una carrera pública anterior, que suponga versación en los negocios, el Senado se compondrá de hombres experimentados, y se considerará como el honroso término de la carrera civil.  En fin, si después de haberlo hecho así el cuerpo más importante, el más influyente, duradero y respetable del Estado, se recurre para el acierto de la elección a ese admirable medio que contienen las instituciones democráticas, y que encomian lo mismo los publicistas antiguos que los modernos; si a un periodo fijo en cada Estado se agita el espíritu público y se produce la crisis electoral, nada más que para el nombramiento de un tan alto magistrado, entonces, solo una reputación distinguida podrá obtener los sufragios de la mayoría de los ciudadanos.  Confiando, pues, en estos medios, tengo la ilusión de creer que sin desnaturalizar la democracia, sin exclusiones odiosas ni privilegios inmerecidos, habremos acertado con el principal punto de nuestra organización política. 

Consecuente con estas ideas, propongo que el senado se componga de un número triple respecto al de los Estados de la Federación, para que habiendo sesenta y nueve Senadores, haya Cámara con treinta y cinco, y las resoluciones tengan al menos diez y ocho votos; propongo igualmente que se renueve por tercios cada dos años; exijo una carrera pública anterior tan conveniente como fácil de ser acreditada sin peligro alguno de fraude; y entretanto que la elección directa de Senadores entra en nuestras costumbres constitucionales y se perfecciona por ellas, reconozco la necesidad de que eligiendo dos cada uno de los Estados, garantizado así el principio federal, se nombre otro tercio por las autoridades más propias para llamar a la dirección de los negocios a los hombres eminentes.  Dando el derecho de proponer este tercio al Ejecutivo, al Senado mismo y a la Cámara de Diputados, y a esta última el de elegir definitivamente, se verifica una combinación muy apreciable, porque ella es la expresión pura de la democracia y de la Federación, tiene grandes garantías de acierto, y se quita al Senado el derecho terrible de elegir sus miembros; derecho que con olvido de la doctrina de un publicista profundo, se le confirió en una de nuestras constituciones. De esta manera, en solo tres artículos, expreso cuantas reformas me parecen convenientes en la organización del Poder Legislativo.

En las disposiciones de la constitución federal relativas a la formación de las leyes, llama mucho la atención el que baste para que una acuerdo se eleve a ley el voto de los dos tercios de la Cámara iniciadora, unido al de poco más de un tercio de la revisora; porque con esto se destruye el equilibrio conveniente en ambos cuerpos; y la llama aún más, el que en este caso las observaciones del Gobierno no hagan necesario para reproducir dicho acuerdo un mayor número de votos, como sucede cuando se ha aprobado por la mayoría de las dos cámaras.  Un ejemplo aclara perfectamente la contradicción de esta teoría inexplicable: suponiendo que un acuerdo salga del Congreso por la totalidad de votos de una Cámara y por los de la mayoría de la otra, si el Gobierno le hace observaciones y se reproduce la misma votación, no es ya ley porque no hay dos tercios en ambas Cámaras; y si ese mismo acuerdo hubiera tenido en su favor menos votos, es decir, menos garantías de acierto, si su aprobación, en vez de unánime, hubiera sido por los dos tercios de la iniciadora, y no por la mayoría, sino solo por algo más de un tercio de la revisora; a pesar de las observaciones del Ejecutivo, habría llegado a ser ley.  Para evitar este mal, que puede ser muy grave, un artículo de las reformas establece que para toda ley se necesita la aprobación de la mayoría en una y en otra Cámara.

Respecto del Ejecutivo, pocas y muy obvias son también las reformas que me parecen necesarias. En ninguna parte la Constitución de 1824 se presenta tan defectuosa como en la que estableció el cargo de Vicepresidente de la República.  Se ha dicho ya muchas veces, y sin contestación, que el colocar en frente del Magistrado Supremo otro permanente y que tenga derecho de sucederle en cualquier caso, era una institución solo adoptable para un pueblo como el de los Estados Unidos, donde el respeto a las decisiones de la ley es la primera y más fuerte de todas las costumbres, donde la marcha del orden constitucional durante más de sesenta años, no ha sido turbada por una sola revolución; pero del todo inadecuada para un país en que las cuestiones políticas se han decidido siempre por las revoluciones y no por los medios pacíficos del sistema representativo, en que la posesión del mando supremo ha sido el primer móvil de todas las contiendas, la realidad de todos los cambios.  Y cuando se observa que el método electoral se arregló en la Constitución de 824, de manera que los sufragios no se diesen separadamente para el Presidente y Vice, sino que se acordó conferir este último cargo al que tuviera menos votos, declarando así que el Vicepresidente de la República sería el rival vencido del Presidente, es preciso asombrarse de que se hubiera admitido una combinación tan funesta.  Así ella ha influido no poco en nuestras disensiones y guerras civiles, y ha generalizado la opinión de suprimir ese cargo. Yo he creído que esta reforma era una de las más necesarias, porque era preciso librar a nuestro primero y próximo periodo constitucional de este peligro, y dejando para después algunas otras mejoras que no considero ser absolutamente indispensables, aconsejo también la reforma en el punto vital de la responsabilidad.

En él considero preciso zanjar multitud de cuestiones delicadas y fijar el verdadero carácter del jefe del Poder Ejecutivo, declarando que era inviolable siempre que obrase por conducto de un ministro responsable, y que éste lo era por toda infracción de ley, ya consintiese en actos de comisión, o en una mera omisión. Respecto de la forma, según la Constitución federal, cualquiera de las dos Cámaras podía conocer de la acusación, según se necesitaban dos tercios del Gran jurado para decidir sobre la formación del proceso, y el negocio pasaba después a la Suprema Corte de Justicia. Este sistema ha hecho ilusoria la responsabilidad.  A la Cámara de Diputados, como más exaltada en su amor a las instituciones, debe corresponder la declaración de si ha o no lugar a la formación de causa; y para esto debe bastar la simple mayoría; porque el respeto debido a las leyes y el interés de la sociedad, directamente afectado en los casos de responsabilidad de los funcionarios públicos, demandan que los actos u omisiones de los mismos, sean examinados siempre que pueda suscitarse alguna duda respecto de la infracción; exigen que se instruya entonces un proceso, y este paso es el único efecto de aquella declaración.  Al Senado, que reunirá la justicia al amor de las instituciones, toca fallar sobre el hecho, pues que por su naturaleza misma, los delitos políticos deben ser juzgados de diversa manera que los comunes: se necesita en ellos menos dilación en las formas y más prestigio y amplitud de acción en los jueces: la inocencia queda garantizada con exigir tres quintos para la condenación, y al Poder Judicial se deja la designación de la pena, o todo el proceso en los delitos comunes. Todas estas reformas están contenidas en tres artículos.  Debo por fin, advertir a la Cámara, que en esta materia he diferido de algunos de mis compañeros de comisión que querían establecer un juicio político, no solo para los delitos designados por la ley, sino en general para deponer y declarar incapaces de otro empleo al Presidente y sus Ministros por ineptitud o mala conducta, fundándome en dos razones.  En primer lugar, no creo que a estos altos funcionarios se les debe hacer de una condición inferior a la del último hombre, violando en ellos el principio de la justicia natural, conforme al cual a nadie se puede castigar por un hecho, si antes no se ha definido éste con exactitud, y prohibido como un delito.  En segundo lugar, me parece que esa facultad arbitraria sería una arma tremenda en manos de los partidos, un obstáculo más, que separará del poder a los hombres con honradez y sin ambición, y un germen de incesantes convulsiones.  En una Nación donde ha habido tantos crímenes y ningún castigo, felicitémonos si llegamos a conseguir que no queden impunes los que se hallan claramente definidos.

Las reformas que propongo en el Poder judicial quedarán mejor explicadas más adelante. Por ahora solo diré algo sobre el sistema electoral.

Ya he dicho que en mi juicio esta es la base y la garantía de toda Constitución, y muy especialmente de las democráticas, que hacen emanar de la elección todos los poderes del Estado, porque de ella depende que los funcionarios públicos sean buenos o malos, que representen a la Nación entera, o solo a un partido más o menos numeroso, vencedor y exclusivo.  Pero como este final resultado no depende solo de la declaración general que establece a quién corresponde el derecho de sufragio, sino de todas las disposiciones que arreglan el modo de ejercerlo, todos los pormenores son interesantes, y de aquí se sigue que en este particular, como en el de las garantías individuales, no sea posible reducirlo todo a los principios fundamentales, únicos propios de la Constitución, y que solo una ley extensa y bien combinada puede realizar la apetecida reforma. 

Por desgracia, en esta materia nuestro derecho constitucional se resiente del más lamentable atraso: apenas hemos hecho algunos adelantos respecto del sistema vicioso adoptado por las cortes españolas, que fue con el que se dio a conocer entre nosotros el régimen representativo; y me atrevo a asegurar que en tanto no corrijamos esa parte de nuestra Constitución, inútiles habrán de ser las mejores reformas sobre las demás; porque a todas ellas faltará la condición indispensable de su realización, el nombramiento de los más dignos ciudadanos para el desempeño de las funciones públicas.

Por un vicio de nuestras leyes, las elecciones primarias, ora sean tan tumultuosas como cuando sin exigir ningún previo requisito se admiten todos los votos, y votos que la multitud repite cuantas veces quiera para asegurar el triunfo; ora sean más ordenadas por medio de la previa expedición de las boletas, siempre se verifican sin que los ciudadanos se reúnan en cuerpo, y solo á simple mayoría respectiva de votos.  Pasando después estas elecciones por otros dos grados, en los que se exigen ya la mayoría absoluta para la formación del colegio electoral y el nombramiento del elector o del diputado, tenemos de esta manera, y sin tomar en cuenta las causas morales que tan poderosamente contribuyen a producir muy malos resultados, que nuestras elecciones han sido siempre indirectas de tercer grado; y sometiendo este procedimiento a un cálculo muy sencillo, resulta que un diputado puede representar como voto de la mayoría el de dos respecto de ciento, o cuando más, y eso en un supuesto muy favorable y extraordinario, el de trece respecto del mismo número.

Tan espantosa así es la progresión del cálculo en este sistema fatal; tanto así la verdadera voluntad nacional se extravía la falsifica por la voluntad de los partidos y las aspiraciones personales, al pasar por cada uno de esos grados.  Aquí, las observaciones numéricas, las teorías de los publicistas y todos los ejemplos, incluso el de la misma nación que nos legó ese sistema, concurren a demostrarnos que es necesario tomar otro camino; mucho más cuando ya nos convence la experiencia de que este ha producido en nuestro país las peores consecuencias. 
Todos hemos visto elecciones, y todos hemos contemplado con dolor que en cada una de ellas, el espíritu público ha aparecido menos enérgico, que las multas y los apremios no han logrado llevar a las casillas electorales a los ciudadanos, cuya suerte se aventuraba en ellas; y así es muy natural suceda.  "En un pueblo bien constituido, dice un pensador eminente, cada ciudadano vuela a las asambleas; mientras que con un mal gobierno ninguno se cuida de dar un paso para ir a ellas; porque nadie toma interés en lo que se hace, porque todos prevén que la voluntad general no prevalecerá; y los intereses individuales absorben todo. Las buenas leyes traen otras mejores; las malas producen otras peores."  Entre nosotros la imperfección del sistema electoral ha hecho ilusorio el representativo: por él las minorías han tomado el nombre de mayorías, y por él, en vez de que los congresos hayan representado á la Nación como es en sí, con todas sus opiniones y todos sus intereses, solo han representado con frecuencia una fracción, y dejando a las demás sin acción legal y sin influjo, las han precipitado a la revolución.

Por más que se quiera, Señor, este último mal es de graves trascendencias. La necesidad de llamar todos los intereses a ser representados, es hoy una verdad tan universalmente reconocida, que solo ignorando el estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayoría sin el equilibrio de la representación de las minorías.  "Nosotros creemos, dice Sismondi, que el sistema representativo es una invención feliz, porque pone en evidencia a los hombres eminentes, les da ocasiones para ganar, y sobre todo, para merecer la confianza de los pueblos, y los conduce al fin a gobernar el timón del Estado.   Y entendemos que es una institución todavía más feliz, porque pone los unos delante de los otros todos los intereses, todos los sentimientos y todas las opiniones, dando los medios de discutir esas opiniones y de rectificar esos sentimientos, de equilibrar esos intereses, de reunir, en fin, las opiniones, los intereses y los sentimientos de todos los ciudadanos en un solo centro que pueda considerarse como la inteligencia, el interés y el sentimiento de la nación...  Y creemos que combinaciones hábiles, aunque difíciles, pueden con la ayuda del gobierno representativo proteger todas las localidades, todas las opiniones, todas las clases de ciudadanos y todos los intereses".  Examinando en el desarrollo de la civilización europea el influjo omnipotente de las instituciones y admirando la Constitución inglesa, Guizot ha dicho: "Solo hay duración y vida en el ejercicio de todos los derechos, en la manifestación de todas las opiniones, en el libre desarrollo de todas las fuerzas y de todos los intereses: la existencia legal de todos los elementos y sistemas hace que no domine exclusivamente ningún elemento, que no se levante un solo sistema para destruir a los demás, que el libre examen redunde en beneficio y provecho de todos."  La simple razón natural advierte que el sistema representativo es mejor en proporción que el cuerpo de representantes se parezca más a la Nación representada. La teoría de la representación de las minorías no es más que una consecuencia del sufragio universal: porque nada importa que ninguno quede excluido del derecho de votar, si muchos quedan sin la representación, que es el objeto del sufragio. 

Me habrá dispensado el Congreso que insista especialmente en un punto cuyo interés me parece superior al de todos los otros, y que para robustecer la fuerza de mis indicaciones buscara autoridades nunca tan necesarias como cuando se trata de introducir una novedad. 
Por lo que hace al medio de mejorar los vicios que ha atacado, yo expondría lo que me parece más conveniente si al salir del sistema adoptado fuésemos a consignar el nuevo en la Constitución, lo cual en mi concepto sería muy peligroso.  Porque de facto, sea que el Congreso adoptara los medios admitidos en 842 para la representación de todos los intereses, o que prefiriera cualquier otro método, es evidente que vamos á entrar en el camino de las innovaciones, que se harán ensayos, y esto me basta para opinar que no los verifiquemos en la Constitución sino por medio de una ley.  Porque yo creo firmemente, Señor, y esto puede aplicarse a muchos otros puntos, que la Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga una existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si es posible ninguno disputable.  Salvado en la Constitución el principio de que las elecciones sean precisamente populares; si buscando la mejor entre las combinaciones que esta base determina atinamos con ella, esta ley, que será para la República una adquisición preciosísima, por su bondad práctica vendrá a ser tan inmutable y respetada como el mismo Código fundamental. Si por el contrario, se necesitaren hacer sucesivos cambios y mejoras en ella, esto no abrirá de nuevo la discusión de la Constitución ni apresurará su ruina.  Por tales motivos, propongo al Congreso que deje a una ley el arreglo del sistema electoral y la designación de la forma en que sobre las bases constitucionales hayan de verificarse las elecciones de presidente, senadores, diputados y ministros de la corte de justicia. 

Pero como esta ley, la de garantías, la de responsabilidad, y las demás en que se reglamente la acción de los poderes supremos no deben ser iguales, sino superiores a todas las otras leyes secundarias, se establece que ellas sean caracterizadas y distinguidas con el nombre especial de constitucionales, y que no se reformen sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen que lo proponga y su discusión.  Esta medida librará a leyes tan interesantes de los malos efectos de la precipitación, y facilitará al Congreso el auxilio de una detenida discusión por medio de la prensa, y de todos los órganos de la voluntad pública. ¡Ojalá que igual medida pudiera adoptarse para todas las leyes! 

Expuesto así cuanto me parece necesario variar en la Constitución, es preciso ocuparse de otro punto interesantísimo omitido en ella, o por lo menos tratado muy ligeramente.  ¿Cuáles son los límites respectivos del poder general y del poder de los Estados? Y una vez conocidos estos límites, ¿cuáles son los mejores medios de precaver la recíproca invasión, de manera que ni el poder del centro ataque la soberanía de los Estados, ni éstos disuelven la Unión, desconociendo o usurpando sus facultades?  Ninguna otra cosa, Señor, me parece hoy más urgente que esta, porque el mal lo tenemos delante, y es un mal tan grave, que amenaza de muerte las instituciones.  En un tiempo vimos al congreso general convertido en árbitro de los partidos de los Estados decidir las cuestiones más importantes de su administración interior; y ahora apenas restablecida la Federación, vemos ya síntomas de la disolución, por el extremo contrario.  Algunas legislaturas han suspendido las leyes de este Congreso; otra ha declarado expresamente que no se obedecerá en su territorio ninguna general que tenga por objeto alterar el estado actual de ciertos bienes: un Estado anunció que iba a reasumir la soberanía de que se había desprendido: con las mejores intenciones se está formando una coalición que establecerá una Federación dentro de otra: se nos acaba de dar cuenta con la ley por la cual un Estado durante ciertas circunstancias confería el poder de toda la Unión á los diputados de esa coalición, y quizá se meditan ensayos todavía más desorganizadores y atentatorios.  Con tales principios, la Federación es irrealizable, es un absurdo, y por eso los que la hemos sostenido constantemente, los que vemos cifradas en ella las esperanzas de nuestro país, levantamos la voz para advertir el peligro.  Y, a la vista de él, ¿todavía habrá quien sostenga que no es urgente expedir la Constitución? ¿O que podemos guardar para ello el desenlace de una guerra tan larga como la que sostenemos?  ¿O bien que habremos cumplido con publicar aislada y sin reforma una Constitución que no tiene en sí remedio alguno para este mal, y que tal vez por esto otra vez ya sucumbió, cediendo a la fuerza de algunos elementos de destrucción incomparablemente menos potentes?  No: estos hechos son una demostración palmaria de la imprescindible necesidad en que estamos de fijar la suerte de nuestro país, de decretar las reformas, cualquiera que sean los peligros, en tanto que tengamos posibilidad física para hacerlo. 

Y este deber, es tanto más sagrado, cuando son más obvios los medios de cumplirlo; porque a decir verdad, esos síntomas funestos de disolución que ya se advierten, solo han podido aparecer porque se olvidan los verdaderos principios que debían ser generalmente conocidos.  El artículo 14 del proyecto de reformas, estableciendo la máxima de que los Poderes de la Unión son poderes excepcionales y limitados solo a los objetos expresamente designados en la constitución, da a la soberanía de los Estados toda la amplitud y seguridad que fuera de desearse.  Mas por esto mismo, y por la teoría fundamental que ya indiqué al expresar las razones por las cuales tocaba al poder general arreglar los derechos del ciudadano, es necesario declarar también que ninguno de los Estados tiene poder sobre los objetos acordados por todos a la Unión, y que no siendo bajo este aspecto más que partes de un todo compuesto, miembros de una gran República, en ningún caso pueden por sí mismos, en uso de su soberanía individual, tomar resolución alguna acerca de aquellos objetos, ni proveer a su arreglo, más que por medio de los Poderes Federales, ni reclamar más que el cumplimiento de las franquicias que la Constitución les reconoce.   Hechas estas declaraciones, solo quedan por establecer los medios de hacerlas efectivas, y para esto es necesario distinguir los abusos que puedan cometerse, según que ellos afecten los derechos de las personas, o las facultades de los poderes públicos. 

Para este último evento, es indispensable dar al Congreso de la Unión el derecho de declarar nulas las leyes de los Estados que importen una violación del Pacto federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra manera el poder de un Estado sería superior al de la Unión, y el de esta se convertiría en una mera irrisión.   Pero para evitar que se hagan declaraciones imprudentes, ya se consulta que estas leyes solo puedan iniciarse en la Cámara de Senadores, la cual representa el principio federativo en toda su fuerza y da las mejoras garantías e calma y circunspección; y además se establece que la mayoría de las Legislaturas de los Estados tenga el derecho de decidir en todo caso si las resoluciones del Congreso general son o no anticonstitucionales.  De esta manera cada Estado en particular está sometido a la Unión y el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras diferencias y el verdadero poder conservador de las instituciones. Si hay todavía otro medio más eficaz de robustecer el principio federativo, si se conoce otra mejor garantía de las libertades de los cuerpos confederados, yo no la propongo, porque no la conozco. 

Los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federación a los particulares, cuentan entre nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que no sea sobremanera urgente acompañar el restablecimiento de la Federación con una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más.  Esta garantía solo puede encontrarse en el poder judicial, protector nato de los derechos de los particulares, y por esta razón el solo conveniente. Aun en las monarquías absolutas, refugiada la libertad en el recinto de los tribunales, ha hecho que la justicia encuentre allí un apoyo cuando han faltado todas las garantías políticas.  Un escritor profundo ha observado que la amplitud y respetabilidad del Poder Judicial era el más seguro signo de la libertad de un pueblo, y por esto yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a grande altura el Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de protegerá todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión. En Norte América este poder salvador provino de la Constitución, y ha producido los mejores efectos.  Allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la Constitución; y de aquí resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley secundaria, aplica aquella y no ésta, de modo que sin hacerse superior á la ley ni ponerse en oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso particular en que ella debía herir, la hace imponente.  Una institución semejante es del todo necesaria entre nosotros; y como ella exige que los tribunales federales se organicen de un modo correspondiente, las reformas propuestas dejan a las leyes constitucionales la determinación de este punto.  Sobre él, en fin, manifestaré que a mi juicio también se necesita extender un poco más la acción del Poder Federal de la Unión, muy imperfectamente organizado en la Constitución federal; y sobre todo, elevar la condición y asegurar la independencia de un tribunal llamado a representar en el cuerpo político un papel tan importante como el del supremo Poder Judicial. 

Propuestas todas estas reformas, no me queda ya que hablar al Congreso más que de una sola; de la relativa al método que deba adoptarse para proveerá la constante mejora de las instituciones.  En este punto nadie duda que la bondad de un Código fundamental consiste esencialmente en que él sea el mejor posible para las circunstancias en que se da, y en que contenga además los medios más adecuados para el adelanto de la sociedad y la consiguiente perfección de sus instituciones.  La dificultad del problema consiste en conciliar el respeto que se debe a esas instituciones con la posibilidad de hacer de una manera legítima los cambios necesarios que indique la experiencia; y porque esto solo se consigue con distinguir en ellas lo fundamental de lo secundario, entiendo que toda regla general es mala.  Declarar, como lo hicieron las Bases Orgánicas, que toda la Constitución puede reformarse cualquier día, si es cosa sin peligro hablándose de una Constitución tan sólida como la de la Inglaterra, seria proclamar entre nosotros que el país debe permanecer eternamente in constituido, que la mudanza de los primeros principios de la sociedad debe ser la materia de discusión y el trabajo constante de los mexicanos; y con este supuesto la paz es imposible.  Sujetar, por otro extremo, el menos importante y más minucioso pormenor a las mismas dificultades de un principio capital, es embarazar la reforma hasta el extremo de que sea de temerse que el obstáculo se allane con la destrucción. Guiado por estas observaciones, yo distingo en la Constituciones tres partes.  Respecto de los principios primordiales y anteriores a la misma, como la independencia de la Nacían, su forma de gobierno republicano representativo popular federal, y la consiguiente división de poderes, principios que están identificados con la existencia misma de la Nacían, no cabe reforma, y deben declararse permanentes.  Por lo que hace a los límites del poder general y de la soberanía de los Estados, es indudable que puedan hacerse algunas modificaciones; pero en este evento, además del voto de los dos tercios de cada Cámara o de la sucesiva ratificación de una reforma por dos Legislaturas, exijo el consentimiento de la mayoría de éstas, con el fin de dar a las libertades locales todas las garantías imaginables.   Sobre todos los otros puntos admito las reformas siempre que así lo acuerden los dos tercios de ambas Cámaras o la simple mayoría de dos Congresos sucesivos; dando también a las reformas constitucionales la garantía de calma y de meditación establecida para las leyes de este carácter.  Este último método de reforma era el establecido por la Constitución de 1824, y su conservación me parece tanto más conveniente, cuanto que de esta manera evitamos toda contestación sobre su legitimidad; porque en fin, si la Nación no las quiere o desea otras, siempre dejamos en manos de sus representantes el mismo poder que antes tenían para obsequiar su voluntad.  No hay por qué desconfiar del porvenir: los que vengan después de nosotros no nos cederán en buenas intenciones, y bajo auspicios menos fatales y con los elementos que ya les dejamos, ellos adelantarán mucho en la perfección y consolidación de nuestras instituciones. 

Por ahora, Señor, yo he terminado mi penosa tarea.  Lo expuesto, y más aún el proyecto con que concluyo, manifestará al Congreso el modo con que en mi juicio debe resolverse la gran cuestión que agita a nuestro país hace trece años.  Bien penetrado de las dificultades de la empresa, disto mucho de tener por mis ideas sentimientos de intolerancia ni de fanatismo, y las entrego al juicio de la Cámara con tanta más desconfianza, cuanto que la estrechez del plazo me ha precisado a presentarlas sin haberlas revisto antes, y sin que me sea dado corregirlas después; sin embargo, con su sabiduría el Congreso examinará más los artículos que sus fundamentos, juzgará mis observaciones, a pesar de la falta de método y estilo.  Yo para ellas solo pido un acto de justicia, en el momento en que las abandono al tremendo juicio de los hombres pensadores, al dictamen violento y apasionado de los partidos.  Si me engaño creyendo que mi proyecto ha sido eminentemente democrático y federal, no cabe duda en que estas ideas son las que he sostenido siempre, en los buenos como en los malos días de la Federación.  En este Congreso yo mismo las propuse a la comisión mucho antes de que llegaran las terribles circunstancias del último mes. El proyecto no es una obra exclusivamente mía, porque hoy no tengo más apoyo que mi aislada firma y mi débil voz: la formé en conferencias muy detenidas, con otro de los señores de la comisión (el Sr. Cardoso), cuyos vastos conocimientos en la materia son bien conocidos, y que hoy difiere de este voto solo respecto a la cuestión de su oportunidad, y el Sr. Espinosa de los Monteros, cuyo nombre es una autoridad, lo discutió y corrigió.  Concluido el trabajo hace cerca de dos meses, yo no hago más que presentarlo al Congreso tal como se concibió antes, para que se vea que en manera alguna puede llamarse una obra de circunstancias y por esto aún dejo para después el articulo respectivo al arreglo del territorio. 

Yo digo el primero que sería indigno transigir con los intereses sagrados de la patria. Mi pensamiento, Señor, es el de hacer cesar la crisis en que estamos: deseo que el Congreso domine las dificultades, y que enfrenando el desorden, constituyan la República, decretando las mejoras que sus instituciones requieran, y que a mi modo de ver están comprendidas en los pocos artículos á que me he referido. Todo nos advierte que cada día urge más esta necesidad, y que ni nuestras conmociones interiores ni la guerra exterior, pueden justificar la dilación.  No podemos aguardará que mejoren las circunstancias, porque se trata puntualmente de que el Congreso las haga variar, ni sería honroso y patriótico que desesperando de la suerte de nuestro país, lo abandonásemos a la lucha de todos los elementos de la anarquía, que si se presentan y fortalecen, solo es porque todo es provisorio y nada estable, porque la duda y la incertidumbre quitan al poder su fuerza y al porvenir sus esperanzas reparadoras; y esto haríamos si reserváramos nuestra obra para cuando ya no hubiera dificultades.  Las de hoy al menos no son conocidas; ¿quién prevé las de mañana? ¿Quién, sobre todo, no tiembla a la sola idea de exponer la suerte del país y de las instituciones al resultado vario y dilatado de la guerra?   ¡Ah! Señor, quizá declinan ya los únicos días en que por mucho tiempo habremos tenido el poder de constituir a nuestro país y salvar las instituciones. En buena hora que se dé preferencia a cuanto conduzca a la guerra, y que el Congreso siga trabajando en ello con el ardor, la constancia y la buena fe que tanto le honran, y por la que se nos habrá de hacer justicia.   Pero que si aún es posible el desempeño del principal objeto de nuestra misión, no lo abandonemos desde ahora ni lo dilatemos más, porque esto equivale a renunciar a él y dejar nuestros males sin remedio; con tanta menos excusa, cuanto que no necesitamos emprender un trabajo nuevo, sino que nos bastará discutir quince o veinte artículos de reforma.  Recordemos que en la inauguración de las cortes de Cádiz el ruido de las balas extranjeras se mezcló con el estruendo de las salvas que solemnizaban aquel acto, y que ese Congreso a los pocos meses dio a la monarquía una constitución completa.  La confianza de los pueblos en los días solemnes de su infortunio nos impone el deber de luchar con las dificultades hasta el último extremo. Prescindo con gusto de manifestar por qué tenemos para nuestros trabajos la libertad suficiente; sobre esto a cada uno le consulta su conciencia; por mí, yo no tengo embarazo para tratar todas las cuestiones, y así lo haré cuando el Congreso quiera ocuparse de estos asuntos.

Y pues hoy sólo debo darle cuenta de los trabajos que emprendí por su orden y exponer mi voto particular sobre las proposiciones e iniciativas en que se ha pedido el restablecimiento definitivo de la Constitución de 1824, lo hago sometiendo a su ilustrada deliberación el siguiente

PROYECTO

EN EL NOMBRE DE DIOS, CRIADOR y conservador de las sociedades, el Congreso Extraordinario Constituyente, considerando:  QUE los Estados Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e individual soberanía, y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno general, bajo la forma de República popular, representativa, y sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia; QUE aquel pacto de alianza, origen de la primera Constitución y única fuente legítima del Poder Supremo de la República, subsiste en su primitivo vigor, y es y ha debido ser el primer principio de toda la institución fundamental:  QUE ese mismo principio constitutivo de la Unión federal, si ha podido ser contrariado por una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por una nueva constitución; y  QUE para más consolidarle y hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser muy necesarias en la Constitución de 1824, ha venido en DECLARAR Y DECRETAR, y en uso de sus amplios poderes DECLARA Y DECRETA:

1° Que los Estados que componen la Unión Mexicana han recobrado la independencia y soberanía que para su administración interior se reservaron en la Constitución.

2° Que dichos Estados continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez el modo de ser político del pueblo de los Estados-Unidos Mexicanos.

3° Que la Acta constitutiva y la Constitución federal, sancionadas en 31 de enero y 24 de octubre de 1824, forman la única Constitución política de la República.

4° Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente

ACTA DE REFORMAS

Art. 1o. Todo mexicano, por nacimiento ó por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados-Unidos Mexicanos.

Art. 2o. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos, y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.

Art. 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahur de profesión, o vago, por el estado religioso, por el de interdicción legal, en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse a servir los cargos públicos de nombramiento popular. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano, y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión.

Art. 4o. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

Estas garantías son inviolables, y solo en el caso de una invasión extranjera o de rebelión interior, podrá el Poder Legislativo suspender las formas establecidas para la aprehensión y detención de los particulares, y cateo de las habitaciones y esto por determinado tiempo.

Todo atentado contra dichas garantías es caso de responsabilidad, y no podrá recaer a favor de los culpables, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea emanada del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena.

Art. 5o. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un diputado al Congreso general. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no estar comprendido al tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la Constitución.

Art. 6o. Además de los dos senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al número de Estados, electos a propuesta de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones, del Senado y del Ejecutivo. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la Cámara de diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los otros postulados.

El Senado se renovará por tercios cada dos años.


Art. 7o. Para ser Senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras calidades que se requieren para ser diputado, y además haber sido Presidente o Vicepresidente constitucional de la República; o por más de seis meses Secretario del despacho, o gobernador de Estado; o individuo de las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura; o por más de cinco años enviado diplomático; o ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado.

Art. 8o. Corresponde exclusivamente a la Cámara de diputados erigirse en gran jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios a quienes la Constitución o las leyes concedan este fuero.

Art. 9o. Declarado que ha lugar a la formación de causa, si el delito fuere común, pasará el expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos presentes. Hecha esta declaración, la Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley.


Art. 10. Para toda ley se necesita la aprobación de la mayoría de los individuos presentes en ambas Cámaras.

Art. 11. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de la República, y a la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso en que faltaran ambos funcionarios.

Art. 12. El Presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo, y aun de los de oficio exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual consistan no esté autorizado por la firma del ministro responsable.

Los ministros responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos de comisión, o sean de pura omisión.

Art. 13. Por medio de leyes se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 6o. de esta Acta. La ley establecerá y organizará también los juzgados de primera y segunda instancia que han de conocer de los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación.

Art. 14. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.

Art. 15. Sobre los objetos sometidos al Poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución, ni otro medio legítimo de intervenir en ellos que el de los Poderes generales de la misma establece. La Constitución solo reconoce como legítima entre todos o entre alguno de los Estados, la relación que constituyó y actualmente constituye su federación.

Art. 16. Toda ley de los Estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores.

Art. 17. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general fuere reclamada, como anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y esta publicará el resultado, quedando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas.

Art. 18. En el caso de los artículos anteriores, el Congreso general y las Legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga.

Art. 19. Los tribunales de la Federación ampararán á cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, va de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales á impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo motivare.

Art. 20. Las leyes de que hablan los artículos 3o., 4o., y 13 de esta Acta, la de libertad de imprenta, la orgánica de la Guardia Nacional y todas las que reglamenten estas disposiciones generales de la Constitución y de esta Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni derogarse, sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación y el dictamen y su discusión.

Art. 21. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Constitución, siempre que así lo recuerden los dos tercios de ambas Cámaras, o la simple mayoría de dos Congresos distintos e inmediatos. Las reformas que limiten en algún punto la extensión de los Poderes de los Estados, necesitan además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. 

Pero en ningún caso se podrán alterar los principios primordiales y anteriores a la Constitución que establecen la independencia de la Nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división, tanto de los Poderes generales, como de los Estados. En todo proyecto de reforma se observarán la dilación establecida en el artículo anterior.

Art. 22. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes públicos se arreglarán a ella. El Legislativo general continuará depositado en el actual Congreso hasta la reunión de las Cámaras. Los Estados seguirán observando sus Constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus Poderes en los plazos y términos que ellas designen.

México, 5 de abril de 1847. -- M. Otero.

 

Dictamen de la Mayoría de la Comisión de Constitución, y voto Particular de uno de sus Individuos.  Presentados al Congreso Constituyente en la sesión de 5 de abril de 1847.  Publicado en El Republicano (Núms. 105 y106, de 15 y 16 de abril de 1847, México, Imprenta de Ignacio Cumplido), periódico de que Otero era redactor en ese entonces.

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