Las comisiones unidas de puntos constitucionales y segunda de justicia, han examinado detenidamente el proyecto de ley constitucional que la cámara de diputados aprobó para el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia; y no dudan presentar en estas sesiones su dictamen, porque comprendido en la convocatoria el despacho de los negocios de interés general que se hallan en revisión, esta ley constitucional, cuyo resultado habrá de ser la mejor organización del primer tribunal de la federación, afecta de una manera muy directa el interés general de la nación, y porque recuerdan bien que el consejo no la señaló especialmente, conforme había iniciado el ejecutivo, por juzgarla ya comprendida en aquella regla general; pero exponen su sentir, bien penetradas de la dificultad de la materia, y con una desconfianza tanto más justa, cuando que conformándose en algunos puntos con el proyecto aprobado, disienten en otros que no son de pequeña importancia.

Cuatro son las cuestiones principales que se tratan de resolver en este asunto: la forma de la elección de los ministros: la manera de suplir sus faltas: la organización del ministerio fiscal: la designación del número de magistrados que se necesiten en aquel cuerpo; y sobre cada una de ellas las comisiones expondrán brevemente los principios en que fundan su dictamen.

Acerca del primer punto, el gobierno proponía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se nombraran por postulación de la misma Corte, del ejecutivo y del senado, dejando en el caso de discordia que la cámara de diputados eligiese entre los propuestos, y aunque tal método reúne ventajas muy apreciables, la cámara iniciadora ha preferido seguir el ejemplo de todos nuestros legisladores, que cometieran ese nombramiento a los cuerpos legislativos de los Estados; y las comisiones se han conformado con el principio de este sistema, convencidas de que por sí es una gran ventaja la circunstancia de conservar las instituciones autorizadas por el juicio de los legisladores que nos precedieron y por las costumbres de la nación; confiadas en el hecho práctico de que por ese medio de elección han ascendido a la Suprema Corte, magistrados que por sus luces y virtudes honrarán a la judicatura; y creídas de que era conveniente que los Estados de la Federación procediese inmediatamente un poder erigido para decidir las cuestiones en que ellos litigan, para amparar a los ciudadanos contra los atentados que pudieran cometer sus poderes legislativo o ejecutivo, para fallar en suma sobre los asuntos que en el orden judicial afectan los intereses de la Unión; y así, en cuanto a esta parte han preferido el sentir de la Cámara de Diputados al del Gobierno:

Pero la misma cámara ha querido que ese nombramiento se verifique previa una postulación, de manera que en caso de vacante deberían los tribunales superiores de los Estados postular tres candidatos, en seguida la Suprema Corte  de Justicia escoger seis de entre todos los postulados, y luego las legislaturas nombrar uno de estos seis; y las comisiones no se han resuelto a adoptar este método, a pesar de que en su apoyo se presentan razones dignas de consideración.

De facto, y comenzando por la primera postulación, no tienen las comisiones dificultad en confesar que los tribunales superiores reúnen la ventaja de conocer bien la capacidad de los letrados de sus respectivos Estados a la de ser poco susceptibles de afectarse de las cuestiones políticas que casi siempre dividen a la República en partidos; pero a estas dos circunstancias en que se fundaban las comisiones de la cámara iniciadora, pueden oponerse otras de grave peso y que sólo indicaremos. 1ª Los tribunales superiores se componen regularmente de muy pocas personas, y así la postulación partirá cuando mucho de cinco o seis personas; siendo muy factible que sean cuatro, tres, y aun dos, que es número muy reducido. 2ª Estos tribunales, como todo cuerpo permanente, están sujetos a la influencia de las personas que por sus cualidades adquieren cierto predominio sobre sus colegas. 3ª Por la misma cualidad de ser cuerpos permanentes e instituidos para funciones muy diversas de las electorales, no representan la opinión pública, que siempre debe buscarse y más en un sistema republicano. 4ª Además de todas las razones enunciadas, por la de que la elección de estos tribunales se hace por los gobernadores de los Estados o cuando más por las legislaturas, y por la de que generalmente son inamovibles, la elección no sería popular sino en virtud de una serie de inducciones muy remotas.

Esta última consideración ha hecho mucha fuerza a las comisiones, y en verdad que ellas no comprenden cómo cuando se conviene en que por la naturaleza de las funciones encomendadas a la alta corte de justicia, es muy conveniente que la elección de sus miembros guarde armonía con la del Presidente de la República, y cuando por este motivo se desecha como antipopular el sistema propuesto por el gobierno, se vaya a parar en otro mucho menos popular; pues que de hecho, cuando en un solo candidato se reunieran los tres votos de la Corte, el Senado y el Presidente, ¿no tendríamos que ese nombramiento procedía de una autoridad electa popularmente en toda la república, y por un sufragio casi directo; de una corporación compuesta en sus dos tercios de representantes de los Estados, electos también en segundo grado, y en el otro tercio de personas nombradas por la cámara de representantes, y de la misma corte, cuerpo hasta ahora de origen popular y cuya intervención no pueda tacharse, puesto que se pretende darle el terrible derecho de fijar la elección en un número determinado de personas, y que de esta manera aun sin la intervención de la cámara de representantes, debería considerarse como una elección de origen incomparablemente más popular que la que partiera de los tribunales superiores de los Estados? Ni puede tampoco contestarse con que ésta se haría después popular en virtud de la subsiguiente intervención de las legislaturas; pues que en nombramiento así combinado, el mayor influjo es sin disputa del que propone, en razón de que mientras éste postula personas todas de su confianza, y las que le parecen mejores entre cuantas hay elegibles; quien escoge se ve reducido a un círculo estrechísimo, prescinde frecuentemente del que le pareciera mejor, y no pocas veces se limita a escoger lo que estima menos malo; llegando esta subordinación al punto de que se sabe muy bien cómo la facultad de proponer se convierte de ordinario en la de nombrar con sólo que se combine la postulación, de manera que quien escoja no pueda pasar más que por uno de las propuesta.

Y si el examen de este método por lo que hace a la popularidad de la elección, presenta tales dificultades que las comisiones no pudieron resolverse a aceptarlo; tampoco encontraron en él las garantías de acierto que deben buscarse antes que todo y pudieran decidirla por él, no obstante aquel inconveniente. El senado observará desde luego que la escasez de número y la facilidad de obedecer la inspiración de uno, condiciones necesarias de los tribunales superiores de los Estados, no sólo dan pocas probabilidades de conformidad con la opinión pública, sino que exponen mucho al error, facilitando el empleo de los resortes, de las consideraciones de partido y amistad. A esto tiende también de una manera muy eficaz el gran número de postulaciones que la ley permite. Todo elector al emitir su sufragio considera el influjo que va a tener en el resultado; el legislador que da su voto al comenzar el escrutinio, no piensa tanto en sus consecuencias, como cuando va a decidir una votación casi igual o ya rigurosamente empatada; y de la misma manera cuando se sabe que toda la consecuencia de un voto es poner un candidato más en una lista donde para un empleo puede haber hasta sesenta y tres postulados, fácil es que la amistad, el deseo de honrar a una persona, cualquiera otro sentimiento extraño al sólo legítimo del bien público, decida a procurar ese honor que no trae más que un riesgo remoto, y una responsabilidad muy repartida de mala elección; mientras que ese mismo hombre sabiendo que su voto podía decidir y que era definitivo, prescindiría de toda consideración privada para no atender más que al bien público. Considerando todo esto, ¿no es de temerse fundadamente que la lista de los tribunales superiores, contendrá al lado de algunos hombres de mérito otros escasos de él, y que presentará un mosaico donde cada partido, cada preocupación, cualquier ambición privada encontrará candidatos, mucho más cuando se ha cuidado de dejar a la corte tan expedita que podrá hacer aparte el candidato votado por todos los tribunales y escoger al que no tenga más que un sufragio? Así consideraron las comisiones que esta misma amplitud otorgada a los tribunales, hace muy débil su acción en el nombramiento, así como disminuye la garantía que con ella se buscara.

El principio del sistema adoptado en la Cámara de Diputados, consiste, pues, realmente, en hacer partir la elección de la Suprema Corte, fundándose en que el interés de este cuerpo le haría no proponer nunca un hombre indigno y por cuanto a que se quiso reunir esta garantía a la de una elección menos restringida se determinó que la lista entre la cual debieran votar las legislaturas fuese de seis. Las comisiones conocen todo lo que hay de bien pensando en este sistema, dando todo su aprecio a las razones en que se apoya, expondrán otras cuyo peso es mayor a su juicio. Lealmente hablando, en el nombramiento de los individuos que han de componer la Suprema Corte de Justicia, no se pretende tanto excluir a los indignos, cuanto encontrar a los mejores, y esto es tan cierto que de aquí procede precisamente la dificultad, porque si se tratara sólo de lo primero, tal condición la hallaríamos en cualquier sistema medianamente combinado, pues sin recurrir al justo celo del honor del cuerpo, basta el amor al bien y el respeto a la opinión para que ni las cámaras ni nuestro gobierno hicieran entrar un hombre indigno al primero, al más respetable, al más importante de los tribunales de la nación, como no lo hacen entrar los gobiernos de algunas naciones constitucionales de Europa, y el mismo de los Estados Unidos, cuando eligen esta clase de magistrados. Débil es, por lo tanto, la razón que se limita a dificultar una elección indigna, y ésta es la única que se alega.

Al tratar las comisiones esta cuestión, tienen presente que no es la Suprema Corte un cuerpo puramente judicial, cuyos ministros baste que tengan los conocimientos de un letrado y la probidad de un hombre de bien para que desempeñen sus funciones; sino que consideran que se trata de un tribunal, ante el cual comparecen como simples litigantes los Estados de la Unión y la República misma; que tienen la tremenda facultad de hacer inaplicable una ley cuando la considera contraria a la constitución y que decide en todas las cuestiones judiciales que afectan el honor y las relaciones exteriores de la República, y contemplándola bajo este aspecto no pueden menos que ver en ella un cuerpo político, encomendado de un poder muy fuerte de conservación, y en cuyo modo de formarse es preciso buscar las cualidades propias para tan eminente magistratura, la armonía que debe guardar con los demás poderes constitucionales, el amor ardiente de las instituciones, y aquella rara sabiduría que distingue las novedades que las corrompen, del espíritu de mejora que las modifica con acierto. De donde se sigue que es preciso en vez de aislar tal cuerpo, ponerlo en relación con el todo, impedir que se forme un espíritu especial y reservarse medios de que se corrijan los errores en que pueden caer y de que son susceptibles los hombres más recomendables, y en verdad que las comisiones no hallarían el modo de conseguirlo si se diera a ese cuerpo el derecho, si no de nombrar sus propios ministros, si inconcusamente el de apartar irrevocablemente de su seno a cuantos quisiera.

Inamovibles, fuertes por las leyes, respetados por la opinión los ministros de la Suprema Corte, ejercen una acción muy poderosa sobre esos otros poderes, y por lo mismo, cuando llega el único momento en que ellos pueden influir sobre ella, si se quiere, que se puedan rectificar los errores y las preocupaciones de que toda corporación es susceptible, si se desea que la nación coloque allí los hombres que le den mejores garantías, es necesario no sujetar ese acto mismo a una acción tan enérgica como la de tal exclusiva.

Así, por poco que se medite sobre estas relaciones tan importantes, se ve que una cuestión al parecer limitada al acierto de la elección, tiene tal gravedad, que si no se resolviera con mucha prudencia, podría comprometer la constitución misma del Estado y este temor se aumenta si se considera la fuerza que pudiera adquirir un cuerpo dotado de funciones importantísimas, al cual en un sistema en que todo se renueva y todo reconoce por origen el sufragio popular, se concediera sobre la perpetuidad, condición conveniente de su modo de ser, el derecho de aquella exclusiva. Hace mucho tiempo observó Montesquieu, que “nada era tan funesto como dar a un cuerpo el derecho de reemplazar a los individuos que faltaban en su seno, porque nada era más propio para perpetuar los abusos”; y esta máxima que han reconocido los legisladores de todos tiempos y que entre nosotros se acaba de aplicar a la organización de esta cámara, tiene muy bien lugar, respecto de un cuerpo que por su perpetuidad y el corto número de sus miembros, tiene ya de por sí bastante propensión a aislarse de los demás poderes que pasan fugitivamente delante de él. Las comisiones no creen que pudiera darse a cuerpo alguno semejante poder, sin ponerse en peligro o que este cuerpo desapareciera, o de que perturbase la constitución del Estado, y como no tiene noticia de una organización semejante, nunca autorizarían un ensayo de esta clase.

El asunto es tan grave, que aún se prestaría a algunas otras consideraciones de importancia; pero su exposición excedería los límites de este escrito, y por lo tanto, dejándolos a la meditación de la cámara, las comisiones concluirán con decir sobre esta parte de su proyecto, que aunque alguno de los que firman este dictamen deseaba que la elección se verificase entre tres candidatos propuestos en tres días consecutivos por el gobierno, la Suprema Corte y el Senado, sin que pudieran reunirse dos postulaciones en el mismo sujeto, las comisiones se decidieron porque la elección se hiciera sin previa propuesta, por las razones que en favor de tal sistema quedaron ya indicadas al principio, porque se temía que estas postulaciones hechas todas en la capital de la república, dificultaran a los letrados distinguidos de los Estados, la entrada al supremo tribunal de la nación, y porque se quiso dar a los Estados, tan celosos del principio federativo, toda la garantía que pudieran apetecer. Las comisiones están enteramente conformes en que la votación en caso de que ninguno haya reunido la mayoría absoluta de votos, se haga por la cámara de diputados votando por personas; y como la experiencia ha demostrado que podía eludirse la voluntad de las legislaturas anulando sufragios, se propone que la calificación de éstos se haga antes por el senado.

Las demás disposiciones relativas al nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, son tan sencillas que con sólo  leerlas se descubre su objeto.

Han convenido también las comisiones con el proyecto de la cámara de diputados en la parte que previene se nombren cuatro ministros supernumerarios perpetuos para que suplan las faltas temporales de los ministros propietarios y entren a cubrir sus vacantes por el orden de su nombramiento, considerándoseles en todo, excepto en cuanto al sueldo, que es un poco menor, como propietarios; porque nadie desconoce los gravísimos inconvenientes de que las salas de la corte se completen todos los días con letrados, que llamados allí por poco tiempo continúan ejerciendo su profesión y litigan en el tribunal mismo donde desempeñan las funciones de jueces. Bien podrán en tales casos, encontrarse, como las comisiones creen se reúnen hoy, en los propietarios y en los suplentes, la mayor probidad y la más exquisita delicadeza, siempre el diario e íntimo trato con un ministro, el influjo sobre los dependientes y jueces inferiores, la prevención en favor de las opiniones que se defienden en procesos semejantes hacen que la administración de justicia así ejercida deje de ser imparcial; y como esto no puede remediarse más que poniendo de suplentes personas que se retiren de la carrera del foro y entren en la judicatura, el fondo de la idea que ahora se somete a las cámaras es indispensable. Las comisiones querían más: deseaban que los mismos suplentes que han de cubrir las faltas de los propietarios cuando ya no basten los supernumerarios, fuesen personas que no ejercieran la abogacía; pero no encontraban medio de hacerlo sin recurrir a los jueces de primera instancia, sistema que se ha abandonado por los graves inconvenientes que ofrece, y que la cámara conoce.

Arreglado lo tocante a los ministros, se debe hablar del fiscal, pues respecto de este funcionario, las comisiones según antes dijeron, han creído necesario proponer reglas de diversa naturaleza. Conforme el proyecto aprobado por la cámara de diputados, el fiscal se nombraría de la misma manera que los ministros, y pasados seis años se le concedía el derecho de ascender a propietario con preferencia a los supernumerarios, y las comisiones han creído que aunque por la importancia de sus funciones se haya concedido a los fiscales los mismos honores y consideraciones de los ministros de los tribunales, la naturaleza de éstas hacía conveniente que estuvieran separadas las carreras de fiscal y de ministro. En nuestro sistema, el fiscal es el abogado de la nación: a su celo, a su pericia, a su energía y probidad, están confiadas la defensa de los intereses del erario y de las más altas prerrogativas de la república; de manera, que un error o una debilidad, podrán producir inmensos perjuicios, sin que se pueda siquiera esperar en el recurso de la responsabilidad que es generalmente inadecuado para esta clase de faltas; y así es forzoso reconocer que se necesitan cualidades diversas para la magistratura que para la fiscalía, de manera que un excelente juez podría ser un fiscal poco conveniente. Esta verdad es tan obvia y palpable, que no se necesita recordar sus fundamentos; pero sí que de ella se sigue que es necesario nombrarlos con separación, para que así los que elijan, en cada caso busquen las cualidades diversas de cada uno de estos empleos.

En la antigua organización de nuestros tribunales, se había conocido mucho esta verdad, por eso la fiscalía fue una carrera distinta de la judicatura: los que se distinguían por su celo y por su saber en las fiscalías de los tribunales de menos jerarquía, eran sucesivamente ascendidos a los de más importancia; se les contaba su antigüedad en competencia con la de los ministros de los mismos; disfrutaban de todas las prerrogativas de éstos y aún estaba mandado que se les considerase sus servicios para presentarlos en las vacantes; pero el soberano se reservaba conservarlos todo el tiempo que creía conveniente  en aquel puesto de tan delicadas funciones, y en verdad que si ahora adoptáramos el sistema de dar al fiscal derecho para ascender ya en todo caso de vacante, ya después de un término de cuatro o seis años, en vez de aquel sistema que produjo hombres insignes, haríamos de la representación fiscal una carrera inferior a la de la magistratura, que se consideraría sólo como un escalón para ésta y que se desempeñaría como de paso, sin que la nación pudiera aprovechar las ventajas de una larga práctica. Por estos motivos las comisiones se han decidido a no consultar el ascenso del fiscal. Más esto en el concepto de que se hiciera la plaza de fiscal la mejor dotada de todo orden judicial, para que así creciera en consideración, para que pudiera ser solicitada de preferencia a la magistratura y también para que en este punto la remuneración fuera proporcional al trabajo, pues no cabe duda en que las funciones del fiscal sean uno o dos, serán siempre mucho más laboriosas que las del magistrado.

El cúmulo de trabajo que hoy reporta la fiscalía es tal, que aun suponiendo el auxilio de los agentes, es casi imposible que un solo hombre acuerde el despacho de todos los negocios que se le pasan y se encargue de extender por sí mismo los pedimentos más importantes. No debe olvidarse que en casi todos los negocios propios de la Corte de Justicia se tiene que oír la opinión fiscal y que las cuestiones que allí se presentan, no son de ordinario las que por su frecuente repetición pueden resolverse con facilidad y prontitud; sino cuestiones difíciles de derecho administrativo, de principios constitucionales, de jurisprudencia internacional para cuya resolución se necesitan conocimientos más extensos y meditaciones más laboriosas que para las comunes gestiones de derecho civil y criminal; y por esto las comisiones creen consultar una medida muy útil, proponiendo el nombramiento de dos fiscales que turnen en los despachos de los negocios. De esta manera cada uno de ellos tendrá más tiempo para despachar los negocios con estudio; así se proporcionará a la causa pública la ventaja de este concurso de luces; y así, en fin, la falta perpetua y aún temporal del fiscal no dejará la defensa de los derechos más importantes expuesta a todas las consecuencias de la inexperiencia y de un cambio completo. En apoyo de su opinión, las comisiones recuerdan que casi todos los tribunales colegiados han tenido siempre dos fiscales y que las funciones que hoy desempeñan el de la Corte de Justicia, se repartían antes entre varios funcionarios de esta clase.

Por último, las comisiones creyeron también que la naturaleza de las funciones fiscales exigía otra reforma, porque si es muy justo que en la elección de un juez haya de considerarse la imparcialidad que debe adornarlo y se busque la separación de los tres poderes; al instituir un funcionario que no va a fallar sino a defender, se exige en el representante una mayor conformidad con aquellos cuyos actos va a sostener, para que no sean condenados a los hechos de los otros poderes sin que antes hayan sido bien y lealmente defendidos. Y aunque tenemos el ejemplo de que en España, en Inglaterra y en los mismos Estados Unidos del Norte estos funcionarios son nombrados por el ejecutivo y permanecen bajo su influencia, las comisiones no han ido hasta allá. Cuando una nación ha tenido gobiernos inestables, cuando por largo tiempo se ha visto el poder asaltado revolucionariamente, y en consecuencia de este hecho se ha mirado con frecuencia que la administración cedía a intereses antinacionales y que olvidaba la política estable, la larga previsión y el interés del porvenir que distingue a los gobiernos consolidados, hay en la sociedad una tendencia muy natural y hasta cierto punto justa para desconfiar de ese poder, para rodearlo de trabas, y en consideración a tal estado, las comisiones creen que es muy conveniente, hacer entrar diversos elementos en esta elección: la limitan a las autoridades de la Unión porque éstas son las que mejor conocen los negocios generales, y de consiguiente los hombres más propios para tratarlos; y creen que interviniendo el poder ejecutivo a quien incumbe el cuidado de la buena administración de justicia y la conservación de las prerrogativas del poder público, la corte de justicia que ha entendido en el debate de todas las cuestiones que van a parar al ministerio fiscal y la cámara, en la cual la constitución ha querido depositar la conservación de las instituciones, se tendrían las mayores garantías de acierto y adoptan para este caso la iniciativa del gobierno, con sólo la diferencia de que la cámara de diputados decida la elección por personas y no por diputaciones.

Fácil es prever que en una época de penuria, el aumento de un fiscal, el del sueldo de ambos, y el nombramiento de los cuatro supernumerarios debían considerarse como un recargo a las atenciones del erario, y que de aquí dimanarían objeciones. Pero debe considerarse, que sin la existencia de los supernumerarios, constantemente hay suplentes cuyo pago se hace y que no es en la administración de justicia, ramo el más importante y el más económico donde deben buscarse ahorros suprimiendo lo conveniente para limitarse a lo necesario, y menos cuando se trata de una cantidad que no llega a 23,000 pesos al año. Pero aún en esto han pensado las comisiones, y como no creen que deban conservarse plazas inútiles, proponen que hoy que hay tres vacantes en la Corte de Justicia, se reduzca a nueve el número de sus ministros propietarios. El de once con que fue establecida, tenía por objeto que hubiera una sala de cinco, y además de que ésta podría formarse con dos de los supernumerarios o de los ministros que no estuvieran impedidos; en el concepto de la mayoría de las comisiones, una sala de cinco no presenta más ventajas que otra de tres.

Porque la probabilidad del acierto de una decisión puede considerarse bajo dos aspectos, o aislada a la computación de sus propios votos, o en relación con los de los dos jueces cuya sentencia revisan. En el primer caso y en tribunales de número impar como los nuestros, en que la mayoría hace sentencia, la mayoría de dos a uno, es más que la de tres a dos, ésta mayor que la de cuatro a tres, y así sucesivamente, de modo que se puede concluir con el rigor de una verdad matemática, en que bajo estas condiciones, la decisión tomada a simple mayoría, es tanto menos probable cuanto mayor sea el número de jueces. Bajo el otro aspecto, si a primera vista parece chocante que tres jueces revoquen la sentencia de otros tres, y aún la de seis; luego que se medita, se viene en conocimiento de que este mal no se remedia con el nombramiento de cinco, porque siempre queda establecido el principio de que el dictamen de la minoría se sobreponga al de la mayoría. Efectivamente, si suponemos que las sentencias de primera y segunda instancia hayan sido dadas por unanimidad, y que obteniendo en la tercera un voto de confirmación, se revoque por sólo dos votos la decisión de siete; en el caso de que en una sala de cinco estén dos conformes con los de seis de primera instancia, ¿no es igualmente seguro que entonces el voto de tres prevalecerá sobre el de ocho? Y siendo estos dos casos igualmente posibles y estas dos resoluciones igualmente injustas, ¿dónde está la ventaja de la sala de cinco sobre la de tres? De la misma manera resulta que no hay ventaja en el caso de que supongamos la sentencia de primera instancia dada por dos contra uno confirmada en la misma proporción en la segunda instancia y revocada en la tercera también por la mayoría contra la minoría, porque entonces en la sala de tres tendríamos que prevalecía el voto de cuatro contra el de cinco, y en la de cinco, el de cinco contra seis.

Estos dos ejemplos que puede multiplicarse con otras combinaciones más raras, bastan para probar que esta facultad de hacer prevalecer la sentencia menos probable, no se aparta con la institución de una magistratura numerosa, sino con la extinción de la tercera instancia o con la adopción de un sistema por el cual las sentencias de segunda instancia, sólo quedasen revocadas cuando hubiera contra ellas o un número mayor de votos, o votos que tuvieran en su favor mayores presunciones de acierto. Lo que sí se presenta con mucha claridad, es, que destruido aquel argumento de mera preocupación, el tribunal de tres excede al de cuatro en aquellas grandes ventajas de una acción más expedita y una responsabilidad más directa, que tanto se han hecho valer por Bentham en favor de los tribunales unitarios, debiendo observar con aquel eminente jurisconsulto que el mayor acopio de luces no es una razón sólida que autorice el mayor número de jueces, porque como los tribunales no conocen de ninguna causa sin que las partes interesadas apoyen sus derechos por medio de sus abogados, aun cuando la cuestión sea difícil, lo que sucede en el menor número de casos, la discusión se encuentra auxiliada con este debate en que cada parte se hace los mayores esfuerzos para ilustrarla.

La sabiduría del senado decidirá con todo lo que le parezca más conveniente sobre estas reformas. Las comisiones se han extendido ya sobre los puntos capitales de su sistema para no detenerse en puntos más secundarios que la discusión les permitirá abrazar, y así concluirán presentando la parte resolutiva de su proyecto. Bien penetrados de la grande importancia de las funciones que nuestra constitución comete al poder judicial de la federación, han querido no omitir nada que pudiera conducir a que el elemento de la elección obrara todo de manera que en aquel poder se encontraran la elevada sabiduría y el incontrastable patriotismo que deberán producir tan buenos resultados, y han considerado a la elección sólo como un elemento, porque no se les oculta que no es únicamente de la manera de elegir de lo que depende la bondad de los tribunales. Todavía más que aquélla, las formas del procedimiento, la independencia de sus funciones, la seguridad de una suerte descansada y honrosa, el respeto que en los países libres rodea al poder judicial, y el todo poderoso influjo de las costumbres hacen que el magistrado no olvide nunca la importancia de las funciones que la ley le comete, y que aumente todos los días el brillo de sus virtudes. ¡Quiera Dios que nosotros logremos al fin consolidar firmemente institución tan preciosa!

El proyecto de las comisiones es como sigue.

Se aprueba el proyecto de la Cámara de Diputados, con las variaciones que importan los siguientes artículos:

Art. 1° La Suprema Corte de Justicia se compondrá de nueve ministros propietarios y dos fiscales.

Art. 2° Tendrá además cuatro ministros supernumerarios, los cuales cubrirán las vacantes de los propietarios por el orden de su nombramiento y suplirán también sus faltas temporales.

Art. 3° Tan luego como haya una vacante en la Suprema Corte de Justicia, el gobierno expedirá un decreto para que las legislaturas de los Estados en el día 3 de marzo siguiente al año en que ocurriere, procedan a elegir el supernumerario cuyo lugar quedó vacante, conforme al artículo anterior.

Art. 4° En ese día las legislaturas de los Estados reunidas en el número suficiente para la votación de las leyes, procederán a elegir uno, después de otro, en escrutinio secreto y a mayorías absoluta de votos, dos candidatos que tengan las cualidades que requiere la constitución, y de los que uno al menos no podrá ser, ni natural ni vecino del Estado que lo elige.

Art. 5° Se levantará un acta en que consten, el número de los diputados concurrentes a la elección, y el resultado pormenorizado de cada uno de los escrutinios, y se dirigirá por el primer correo copia certificada de esta acta a los secretarios de la Cámara de Senadores.

Art. 6° En la primera sesión que haya después del 9 de abril siguiente al de la elección, se dará cuenta con todas las actas, y si resultare el voto de las tres cuartas partes de las legislaturas, se nombrará una comisión especial que las examine y presente dictamen sobre su calificación, la cual estará hecha a más tardar en las tres sesiones siguientes a aquélla.

Art. 7° El Senado sólo puede declarar inválido un voto por las siguientes causas:

  1. Falta de número;
  2. Error de cómputo;
  3. Suplantación de voto;
  4. Intervención de la fuerza;
  5. Faltas de cualidades en el electo.

Si un Estado nombrare dos personas de su vecindad o nacimiento, será inválida la elección hecha en segundo lugar.

Art. 8° Si hecha esta calificación, resultaren hábiles al menos las cuatro quintas partes de los votos correspondientes a las tres cuartas partes de las legislaturas, se pasará todo el expediente a la Cámara de Diputados, para que antes de concluir el período de sus sesiones ordinarias, proceda a la computación de votos, y en su caso al nombramiento de ministros.

Art. 9° Computados los votos válidos de las legislaturas, si alguno hubiere reunido el sufragio de la mayoría de éstas y más votos que todos los otros, se declarará que está legítimamente electo. Si ninguno reuniere a la vez estas dos condiciones, la Cámara procederá a elegir precisamente entre los dos que obtuvieron mayor número de sufragios.

Art. 10° Si más de dos tuvieren entre sí igualdad de sufragios y mayoría respecto de los demás, entre todos éstos se verificará la elección. Si uno tuviere mayoría y otros varios igual número de sufragios entre sí; pero menores que los de aquél y mayores que los de los demás, entre éstos se escogerá uno que compita con el primero.

Art. 11 En todas estas votaciones procederá la Cámara de Diputados por escrutinio secreto, a mayoría absoluta y votando por personas. En caso de empate se repetirá la votación, y si aún se empatare, se decidirá en votación por diputaciones.

Art. 12 En el evento de que en los días señalados por esta ley no haya el número de votos que exigen los artículos 5° y 7°, el Congreso General señalará día para que se repitan todas las elecciones.

Art. 13 En el caso de vacante de la fiscalía, se dará aviso a la Cámara de Diputados, y ésta señalará día para que se proceda a la postulación. En ese día la Corte de Justicia, el Presidente de la República y el Senado, postularán un individuo. Si los tres votos recaen en una misma persona, ésta quedará nombrada, y si en varias, la Cámara de Diputados elegirá uno entre los propuestos, procediendo del modo establecido en el artículo 10.

Art. 14 Los ministros supernumerarios tendrán los mismos honores, prerrogativas y restricciones que los propietarios, con diferencia del sueldo, que será sólo de quinientos pesos menos.

Art. 15 Los fiscales se distinguirán por su antigüedad, tendrán los mismos honores, prerrogativas y distinciones que los ministros de la Suprema Corte, y disfrutarán mil pesos más de sueldo que éstos. Será obligación del más antiguo, promover ante la misma Suprema Corte, en los asuntos de su competencia, cuando corresponda a los derechos de la nación; excitados por el gobierno, podrán hacerlo cualquiera de los dos.

Art. 16 Los individuos de la Suprema Corte, no pueden ser apoderados judicial ni extrajudicialmente, ni árbitros, ni asesores; tampoco podrán ser albaceas, tutores, curadores ni abogados, más que de sus consortes y parientes dentro del cuarto grado.

Art. 17 Para suplir las faltas temporales de los ministros de la Suprema Corte, después de los supernumerarios, cada año elegirá la Cámara de Diputados, en el mes de enero, nueve suplentes letrados, y que tengan las demás condiciones que las ley exige en los propietarios.

Art. 18 Por esta vez las elecciones de los ministros propietarios que faltan y de los cuatro supernumerarios, se verificarán por las legislaturas a los dos meses de sancionada esta ley por el ejecutivo; la computación se hará cuarenta días después, y la Cámara de Diputados procederá luego a nombrar los suplentes de que habla el artículo anterior.

Sala de sesiones de la Cámara del Senado. México, julio 18 de 1849.-Otero.-Urquidi.-Robredo.-Salonio.-Linares.-Flores.

 

México, 1849, Imprenta de Cumplido

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